Los cambios esbozados en la nueva Ley de Calidad Alimentaria han puesto en guardia al Rioja. Puxeu se reunió ayer con el pleno del Consejo Regulador para subrayar que el proyecto contempla la petición de conformarse en corporación de derecho público y que, en el resto de aspectos, el texto sigue abierto a posibles ajustes.
- El anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria suprime legislación básica de la Ley del Vino 2003 como las condiciones y tiempos de crianza de los vinos.
- En materia agroalimentaria, nuestra forma de actuar es trabajar en el desarrollo de las normas a nivel comunitario con algunos márgenes de maniobra legislativos que se contemplan a los estados miembros. En este caso había un compromiso del PSOE para la mejora de la reglamentación de la Calidad Agroalimentaria que coincidía con el deseo de algunas Denominaciones, y entre ellas muy especialmente la de Rioja, de avanzar hacia su constitución como una corporación de derecho público. Ése es el eje de partida que se conjuga con otras dos demandas: la ley de interprofesiones y el avance en la legislación contractual. Eso es lo que se plasma en un primer borrador que ahora está en fase de discusión. Se ha dado por tanto respuesta a la principal demanda de la DOC Rioja, y el resto hay que seguir viéndolo y tratándolo. Insisto: estamos abiertos a todas las matizaciones para mejorar, no para estropear nada.
- ¿Se dejará al albur de cada comunidad el uso de estas menciones?
- Se acaba de hacer la primera lectura y las aproximaciones preliminares, el plazo de alegaciones está abierto y queda aún un largo procedimiento en las Cortes. Lo que ya dijo la ministra es que estamos abiertos a las mejoras que se hace partiendo del compromiso de constituir la DOC como corporación de derecho público. Lo demás son matices a un texto y sugerencias que ya hemos recogido entre los miembros del Consejo para discutirlas y, en su caso, incorporarlas.
- Efectivamente se recoge esta demanda legal, pero retira al Consejo las competencias de control y las transfiere a la agencia del aceite de oliva. ¿Es consciente de que dicha petición, tras varios años en espera, no satisface a Rioja?
- No quiero entrar en esto, pero si le parece lo analizamos todo. Las competencias de control son por parte de funcionarios públicos a partir de un momento determinado para dar seguridad al sistema, y esos funcionarios públicos de ámbito superior a la Comunidad Autónoma son de la Administración General del Estado. Y eso es lo que se ha previsto. Lo que se demanda es que los veedores del Consejo Regulador pasen a ser funcionarios públicos o que sean las comunidades autónomas las encargadas, pero es un procedimiento que habrá que ver. En este momento, como Ministerio, tenemos funcionarios dentro de la agencia del aceite de oliva que hacen funciones de control y gestión. Ellos podrían ser, subrayo el 'podrían' y así lo hemos recogido en el texto, parte integrante del sistema de control. No está cerrado.
- ¿De qué depende?
- De los textos alternativos que se planteen después de alcanzar el máximo que se reclamaba. Propuestas, por supuesto, que deben estar dentro de la legislación vigente en el ámbito comunitario y en el español y siempre sobre la defensa de los intereses legítimos de viticultores, bodegueros y consumidores.
- La ministra decía esta misma semana en Logroño que viene una cosecha corta, se vende más en España y en el exterior y que, salvo en Rioja, el sector está tranquilo y no precisa intervenciones. Sin embargo, en Valencia, por ejemplo, los tractores amenazan con paralizar la vendimia.
- El sector está en un momento de inicio de vendimia donde se configuran las posiciones. Hemos pasado dos años complicados, pero durante los últimos meses las ventas han sido importantes y se ha producido una rebaja de stocks porque las exportaciones se han comportado muy bien en todos los vinos españoles y también en Rioja. Eso debe permitir que se afronte una nueva campaña en condiciones más esperanzadoras. Ahora se están conformando las posturas, y nosotros no podemos hacer otra cosa que facilitar el acuerdo entre las partes, instar a la negociación. Para ello, Rioja cuenta con instrumentos como la Interprofesional y las organizaciones de interlocución por parte de los viticultores y de bodegueros y cooperativas.
- Como sabrá, en Rioja ha habido una gran manifestación para exigir precios dignos para uva y vino. ¿Debería haber tomado medidas antes o diferentes la Denominación para prever la crisis?
- Las bodegas de Rioja tienen una larguísima tradición en comercialización, prestigio y excelencia empresarial, y los viticultores son magníficos profesionales que se han ido adaptando a las necesidades y demandas. Sí es cierto que en este momento ha habido una situación de atonía en los mercados que se está viendo todavía reflejada en las relaciones contractuales entre las partes. Las posturas de negociación están abiertas y la capacidad de presión de la parte más débil de la cadena, en este caso los viticultores, es legítima. Los que tienen que estar en esta coyuntura es en avanzar en el proceso de negociación y configuración de precios.
- ¿Puede llegar a reconducirse la relación entre el sector riojano y el Ministerio?
- ¿Reconducir algo que es excelente? Las relaciones siempre han sido magníficas, y el apoyo del Ministerio al Consejo Regulador continuo. Nuestro apoyo es absoluto a una institución que está velando por la mejor posición de uno de nuestros mejores productos agroalimentarios. La reunión de hoy (por ayer) es la prueba de ello.
- ¿A qué obedecen entonces las críticas del Gobierno riojano por los continuos ataques del central?
- Eso tiene algo que ver con la política. En cualquier caso es legítimo que también el Gobierno riojano, desde la proximidad, exija más y tenga una relación cercana. El Ministerio siempre intentará responder a las demandas del sector pensando en su globalidad, pero también en la especificidad del Rioja.
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